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🐶💸 Estela y su expareja firmaron el divorcio, pero el conflicto central no fue la división de bienes, sino la custodia de Lucas, un husky de tres años.

Mantener a un canino de esta talla exige un presupuesto considerable, y la dueña se negó a que la carga económica recayera exclusivamente sobre ella tras la separación.

El argumento legal fue que, mientras estaban juntos, ambos decidieron incorporar al perrito a la dinámica del hogar y se comprometieron a cubrir sus necesidades de manera equitativa.

En lugar de ceder ante las críticas de su propio círculo, Estela llevó el asunto ante un juzgado y logró ganar la demanda.

El juez emitió una sentencia que obliga al demandado a pagar una pensión periódica destinada a la comida especializada y la atención veterinaria de su mascota.

Esta decisión se fundamenta en una corriente jurídica contemporánea que clasifica a los animales como seres sintientes y miembros legítimos de las denominadas familias multiespecie.

El dictamen establece que el confort del can debe garantizarse legalmente, lo que abre la puerta a que más personas exijan esta responsabilidad financiera en sus procesos de ruptura.

La postura de la demandante fue inamovible a lo largo de todo el proceso en los tribunales: "Lo primordial era defender a mi mascota y velar por su bienestar".

Y es que la responsabilidad económica sobre un ser vivo no desaparece simplemente porque el romance llegue a su fin. 👏